La nueva cifra de internos fallecidos por el incendio registrado en la cárcel de Tuluá, en la madrugada del 28 de junio, es de 55.
Como Johan Arenas Vallejo, de 20 años de edad, fue identificada la víctima que murió en el hospital Tomás Uribe, en la ciudad de Tuluá, Valle. Los profesionales de la salud intentaron salvarle la vida; debido a que el joven permaneció en la UCI desde el día del incendio.
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A las 6:45 a.m. de la noche falleció esta persona que tenía 20 años y estaba hospitalizado por los efectos tóxicos y los gases; humo y vapores.
Indicó la secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.
Por otro lado, el personero delegado para los Derechos Humanos de Tuluá, Martín Hincapié, señaló que han visitado el hospital “y de esas personas recluidas habían 4 con pronóstico reservado y los otros en proceso de recuperación”.
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Todavía hay 20 reclusos recibiendo atención médica en clínicas y hospitales en las ciudades de Cali y Tuluá.
Por último, la secretaria de Salud indicó que algunas personas aún continúan en estado crítico, según lo reportado por la funcionaria, 12 internos aún permanecen en la UCI.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), abrió una investigación por presuntas prácticas restrictivas en contra de la libre competencia por parte de la Sociedad Portuaria del Distrito y 4 personas naturales.
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Se trata del exrepresentante legal y exgerente general de la Sociedad, Víctor Julio González Riascos; el gestor comercial de la sociedad, Fernando Arturo Aulestia Marín; el exgerente comercial Jorge Andrés Gallegos Collazos; y el jefe de planeación y operación terrestre, Marco Antonio Vacca García.
En el documento, se establece que presuntamente las personas nombradas, habrían facilitado, autorizado, controlado y promovido la infracción por la cual se investiga.
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“Un sistema anticompetitivo orientado a impedir y dificultar la prestación de los servicios de operación portuaria que realizan los diferentes agentes en el Puerto de Buenaventura, infringiendo la prohibición general del régimen de competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959”.
SIC
Al parecer, la Sociedad Portuaria habría aprovechado su rol como administrador del Puerto de Buenaventura, para implementar estrategias que le permitieran incrementar la participación de sus empresas afiliadas (ZELSA y TECSA).
La investigación se inició luego de que la SIC recibiera quejas de algunos operadores del Puerto, al igual que de autoridades como Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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