Tras el incendio que dejó 51 personas muertas en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca; la Defensoría del Pueblo aseguró que desde abril había alertado acerca de las complejas condiciones de dicho centro penitenciario.
El defensor Carlos Camargo, aseguró que “en el mes de abril, hicimos la más reciente verificación de derechos al interior del establecimiento; y se constataron graves condiciones en la prestación del servicio de alimentación y falta de suministro médico a las personas privadas de la libertad”.
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La Defensoría del Pueblo agregó que, durante el pasado martes, se llevaron a cabo entrevistas y encuentros con los familiares de las víctimas; líderes de los patios, funcionarios, entre otros implicados en la tragedia.
“A través de la Regional Valle participamos en el Puesto de Mando Unificado que se realiza en el municipio; y adelantaremos una jornada de diálogo con los líderes de cada patio del establecimiento carcelario. Desde la entidad hemos adelantado labores de verificación de Derechos Humanos, deshacinamiento y brigadas jurídicas en el establecimiento carcelario de Tuluá”, concluyó Camargo.
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