La situación de irregularidades ocurridas en sucesiones testamentarias, fue denunciada por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, quien alertó sobre un presunto cartel de funcionarios que estarían incurriendo en corrupción al hacer exigencias económicas para alterar los repartos de herencias.
Fue así como la Fiscalía emprendió una investigación que dejó como responsables a tres funcionarios del Centro de Servicios Judiciales de Cali, el juez Noveno de Familia y a una abogada, encargada de administrar los bienes.
El 'cartel de herencias' estaría integrado por Ricardo Estrada Morales, juez Noveno de Familia; Jonier Sánchez Rojas, secretario del Juzgado Primero de Familia; Fanny Trujillo, administradora de bienes, Luis Alfonso Ospina, empleado del Centro de Servicios Judiciales, y Oscar Alejandro Sandoval, ingeniero del Centro de Servicios Judiciales.
Aunque los involucrados no aceptaron los cargos, el ente acusador los condenó por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, concusión, prevaricato por acción y daño informático.
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El caso concreto que dejó al descubierto a este cartel de corrupción fue el de un hombre que antes de morir, había nombrado como administradora de sus bienes a una mujer quién presentó por separado una demanda de sucesión ante el juez Tercero de Familia de Cali. Sin embargo, el juez no admitió la demanda al considerar que la mujer no tenía facultades para hacerlo.
Supuestamente, Fanny Trujillo, administradora de los bienes, habría acudido a la oficina de reparto judicial y logró que dos funcionarios, Oscar Alejandro Sandoval y Luis Alfonso Ospina, alteraran la asignación de casos para que fuera enviado directamente al juez Noveno de familia, Ricardo Estrada Morales.
El Juez Estrada Morales profirió una decisión en la que se ordenaba a la notaría que le enviara el proceso de sucesión que ya venía siendo adelantado en esa entidad.
La notaría no lo envió y los interesados en la sucesión testamentaria le dijeron al juez Noveno que no querían adelantar el proceso en el juzgado, sino en la notaría porque ya existía un acuerdo entre las partes.
En el mismo caso, fue denunciado Jonier Sánchez Rojas, secretario del juzgado Primero de Familia, quien habría solicitado entre 400 y 600 millones de pesos a los herederos, por facilitar el trámite de la sucesión en el Juzgado Noveno de Familia.
La cónyuge y los herederos tramitaron el proceso en la notaría que adelantó la sucesión y el juez debió dar por terminado el suyo.
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) September 27, 2018
