Este miércoles, 27 de octubre; la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aplicación de la medida de extinción dominio a 68 bienes pertenecientes a Marco Antonio Ramírez Varón y personas de su núcleo familiar. El propietario también fue el dueño y gerente de una Institución Promotora de Salud (IPS) implicada en el reconocido caso del Cartel de la Hemofilia, hecho por el que está condenado a más de 7 años de cárcel desde 2019.
Según la investigación de la Fiscalía; los bienes fueron adquiridos mediante la comercialización ilegal de medicamentos adulterados, traídos desde Ecuador y Venezuela, para tratar enfermedades crónicas y de alto costo.
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Actualmente; el señalado es responsable por los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y corrupción de alimentos.
De los bienes incautados, 41 de ellos corresponden a inmuebles urbanos; 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades; cuyo valor oscila los $100 mil millones de pesos. Las propiedades de Ramírez Varón están distribuidas por Bogotá, Ibagué y Espinal (Tolima); Coveñas (Sucre), Cúcuta y Chinacota (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y Palermo (Huila). La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encargará, a partir de ahora, de todos estos bienes.
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Sobre el caso del 'Cartel de la Hemofilia'
De acuerdo con el ente investigador, la IPS que dirigía Ramírez Varón, FundaSalud I.P.S., estuvo involucrada en el desfalco al sector salud del departamento de Córdoba, conocido como el 'Cartel de la Hemofilia'.
Dicho escándalo se destapó en 2016; cuando autoridades de la Contraloría General de la Nación dieron a conocer el excesivo uso de recursos públicos para el supuesto financiamiento del sector salud en la ciudad de Córdoba. Esto provocó pérdidas por aproximadamente $50 mil millones de pesos.
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El modus operandi consistía en generar facturas de cobro por costosos tratamientos médicos para esta enfermedad, que nunca se realizaron; registro de exámenes de laboratorio y pacientes falsos; entrega de medicamentos no suministrados y soborno a pacientes hemofílicos que aceptaban recibir fármacos por dosis menores a las que realmente necesitaban.
Por su relación con el caso, Marco Antonio Ramírez fue condenado a 7 años, 2 meses y 12 horas de prisión por un juez penal.
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Representante a la Cámara estaría involucrada
Recientemente, Sara Piedrahita Lyons, representante a la Cámara por el Partido de la U, fue también vinculada a este caso. La representante fue mencionada por el abogado Leonardo Pinilla, involucrado en el llamado 'Cartel de la Toga' y quien obtuvo un acuerdo con la Fiscalía para otorgar mayor información sobre el caso de corrupción en el sistema de salud de Córdoba.
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La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra Piedrahita Lyons, quien supuestamente habría recibido sobornos del representante legal de una IPS cordobesa para que se le adjudicara la atención de pacientes hemofílicos; estos dineros habrían sido utilizados en su campaña electoral 2014-2018.
El procesado también mencionó a los exgobernadores Edwin Besaile y Alejandro Lyons; quienes habrían aprobado una cuenta de cobro de $1.525 millones de pesos por tratamientos médicos que nunca se dieron.
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