La Fiscalía General de la Nación identificó un entramado ilegal en el que integrantes de la Policía Nacional y particulares habrían acordado quedarse con parte de un cargamento de clorhidrato de cocaína que debía destruirse.
El 8 de junio de 2020, dos uniformados recibieron la instrucción de quemar 987 kilogramos de estupefaciente en una ladrillera ubicada en San Pedro (Valle del Cauca). Los procesados, al parecer pactaron con el dueño del establecimiento incinerar la mayor cantidad de los bloques de cocaína y dejar por fuera 97 kilogramos para posteriormente comercializarlos.
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De acuerdo con los elementos de prueba, para evitar ser descubiertos fueron acondicionados los hornos de tal manera que parte del alcaloide no se quemara. En los registros fílmicos y fotográficos del procedimiento, y en las actas correspondientes quedó acreditada la supuesta destrucción de toda la sustancia ilícita.
La acción ilegal quedó en evidencia con la llegada de una patrulla de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional a la ladrillera, justo en el momento en el que los policías intentaban llevarse varios kilogramos de cocaína en un vehículo.
En el afán de escapar dejaron abandonados unos bloques de estupefaciente y una motocicleta.
Imputación de cargos:
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó:
- Patrullero en retiro Osley Antonio Triviño Noreña los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad ideológica en documento privado.
- Patrullero (r) Hernán Soto Borrero y al intendente (r) Alexander Sánchez Ramírez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
- Juan Ramón Torres Echeverry, dueño de la ladrillera; y Pedro José Lozano Fuentes, trabajador de la ladrillera, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
- Efraín Antonio Moreno Sánchez, trabajador de la ladrillera, los delitos de falsedad ideológica en documento privado y favorecimiento.
Finalmente, los cargos no fueron aceptados por los investigados.
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