Siete pancartas de la disidencia de las FARC conocida como "Jaime Martínez" son lo primero que se ve cuando se sube a la zona montañosa del municipio de Suárez, tierra natal de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en el departamento del Cauca.
En ellas se habla de la protección a la mujer, los recursos naturales y el cuidado de las comunidades. Son avisos que, paradójicamente, se mezclan con los extensos cultivos de hoja de coca que impregnan las montañas de esta zona del suroeste del país y que son materia prima para la elaboración de la droga que le da combustible a ese grupo armado.
En medio de tanto verde, retumban los disparos y es por eso que el anuncio de ayer del Gobierno y del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, de que el próximo 8 de octubre constituirán una mesa de diálogos de paz y comenzará un cese el fuego bilateral de 10 meses, produce esperanza entre las comunidades indígenas, campesinas y cimarronas de la zona.
Los habitantes del caserío Playa Rica, donde tuvo lugar la reunión de ayer, afirman que este proceso traerá tranquilidad a sus comunidades, pues son muchas las veces que han quedado en medio del fuego cruzado.
"Es un anhelo que tenemos las comunidades indígenas, afros y campesinas. La violencia nos ha afectado mucho porque nos ha tenido azotados por años, por eso tenemos tanta esperanza con este anuncio y que se respeten nuestros derechos humanos", indicó a EFE Cristian Guachetá, autoridad indígena del caserío.
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En manos de las disidencias
La firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC dio un corto periodo de tranquilidad a la zona, pero otros grupos guerrilleros y paramilitares llegaron para disputarse las tierras con el fin de controlar la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
Quienes no se acogieron al acuerdo de paz, como las disidencias del EMC, lideradas Iván Mordisco, también entraron en conflicto y ahora son los que controlan los diversos negocios ilegales y atacan a la fuerza pública.
"Este es un acuerdo de voluntades, por eso esperamos que nada los afecte en las negociaciones, que no los haga desistir y que por fin se eliminen las desconfianzas para que la población civil no siga siendo afectada. Queremos que este proceso sea el proceso final y por fin llegue la paz", añade Guachetá.
Sin embargo, la actual época electoral trae al recuerdo el asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez hace cuatro años, quien fue acribillada junto a varias personas de su equipo por parte de la mencionada disidencia.
No obstante, para Andrey Avendaño, coordinador de la delegación del EMC, esta violencia debe quedar atrás, especialmente en las zonas donde ha sido afectada la población civil.
"Lo que nos debe motivar ahora es continuar avanzando en la paz, porque estamos convencidos de que es importante buscar escenarios que garanticen mejores condiciones de vida de las comunidades", afirmó a EFE Avendaño.
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Los civiles en el centro
Por su parte, el sacerdote Eliécer Soto Ardila, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia, subraya que el acuerdo de paz debe tener como eje principal a la población civil.
"Ese debe ser el fundamento a nivel nacional y unirnos para abrazar la paz en las zonas rurales, porque el conflicto se agudiza en las periferias sociales", precisa Soto Ardila a EFE.
El sacerdote añade: "La paz no se hace de la noche a la mañana, pero se debe hacer con seriedad para que triunfe la vida. También se necesita la solidaridad de todos los sectores del país, cerrar filas para buscar el bien común".
Los diálogos con la principal disidencia de las FARC se iniciarán en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, que hace parte de la región del Catatumbo, tan convulsa como el Cauca, y estarán acompañados por organismos de verificación como la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
En el departamento del Cauca esperan que las decisiones que se tomen en esos diálogos por fin silencien los fusiles y que se introduzcan proyectos productivos para eliminar la coca de sus tierras de manera que puedan volver a vivir en paz.
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