La Fiscalía imputó cargos a diez exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Esto, por estar implicados en supuestas irregularidades en un contrato con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, según lo anunciado hace dos semanas.
Los procesados, según informó la Fiscalía en un comunicado, "se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht".
Esta imputación sigue lo anunciado por la Fiscalía el pasado 17 de agosto cuando dijo que iba a imputar cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la ANI y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht.
La Fiscalía explicó que las imputaciones a estos altos ejecutivos de la ANI son por su presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro otrosíes hechos a un contrato firmado en enero de 2010.
Los delitos endilgados por la Fiscalía son contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
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Para la Fiscalía, con estas actuaciones, los exfuncionarios, contratista y el exinterventor:
"Habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto 'Ruta del Sol II'".
Adicionalmente, fueron destinados en favor del concesionario contratista, del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos (unos 777.000 dólares de hoy o unos 712.000 euros) para los estudios y diseños de la obra Ocaña-Gamarra.
Asimismo, está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado.
Lo anterior, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario.
En su momento, la Fiscalía colombiana aseguró haber "desvelado el mecanismo criminal", que permitió que la multinacional, desde su sede en Brasil, creara un departamento:
"Dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo".
Este modelo se replicó en Colombia, según la Fiscalía, y los sobornos contaron:
"Con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares".
Esta "empresa criminal paralela", según la Fiscalía, actuó en la adjudicación del contrato de la llamada Ruta del Sol II, que une al centro del país, desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, con el Caribe, en San Roque (Cesar).
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