La niñez y la adolescencia es víctima permanente del conflicto armado en Colombia. De las 9’659.204 personas en el Registro Único de Víctimas, el 19,4%, es decir, 1’873.886, son niños, niñas y adolescentes.
Para que se vea la magnitud, esto equivale a decir que hay tantos y tantas niñas víctimas como habitantes tienen ciudades intermedias como Riohacha, Pasto, Arauca, Cauca y Cúcuta juntas.
De acuerdo con el informe del Secretario General del Consejo de Seguridad de la ONU: Entre julio de 2021 y junio de 2023, el equipo de tareas en el país verificó 615 violaciones graves contra 476 niños y niñas (306 niños, 166 niñas y 4 cuyo sexo se desconoce).
Esto representa un fuerte aumento, del 61 %, de las violaciones graves respecto del período al que se refiere el informe anterior (383).
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Reclutamiento forzado: Cuando todos los derechos quedan suspendidos
Según la Unidad, 9.536 niñas, niños y adolescentes han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) por reclutamiento forzado, de los cuales el 10,4% tenían pertenencia étnica indígena.
El Informe del Secretario confirma:
“El equipo de tareas en el país verificó 348 casos de reclutamiento y utilización de 347 niños y niñas (232 niños y 115 niñas), lo que representó un aumento del 58% respecto del período abarcado por el anterior informe (220 niños y niñas).
Agrega que, “En los seis primeros meses de 2023 se registró el mayor número de violaciones verificadas (197).
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Un total de 72 niños y niñas (46 niños y 26 niñas) fueron víctimas de violaciones dobles; en la mayoría de los casos, el reclutamiento y la utilización era el resultado o la causa de otras violaciones (68)”
“A las niñas y los niños tenemos que mantenerlos lejos de las armas. El reclutamiento forzado imposibilita todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y es violatorio del derecho internacional humanitario”.
Asegura, Cuevas.
Pero no solo el conflicto armado tiene a la niñez y la adolescencia entre sus víctimas, la agenda política y social de Colombia sigue marcada por diversos hechos de violencia.
Análisis desde el mismo Estado (Forensis, 2022) muestran cómo las brechas educativas, la falta de recursos económicos, el desempleo, las pobres perspectivas de vida y oportunidades, minan el bienestar económico y emocional de las personas y, en ocasiones, allanan el camino para hacer de otros entornos, por excelencia protectores, espacios de vulneración de derechos.
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