En la mañana de este miércoles, 9 de agosto, se conoció que Andrés Gustavo Ricci García, señalado de ser el presunto responsable del asesinato de la campeona del patinaje, Luz Mery Tristán, ya tiene un cupo en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Jamundí.
Se espera que, en las próximas horas, Ricci sea trasladado hasta este lugar desde el CAI ubicado en la Terminal de Transportes de Cali, donde estaba recluido desde el pasado lunes.
Frente a esto, hablamos en exclusiva con Sandra Eugenia González Mina, directora Seccional de la Fiscalía en Cali, sobre cómo avanza el proceso contra el empresario Andrés Gustavo Ricci, imputado por los delitos de feminicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas.
En primer lugar, la Directora de la Fiscalía aclaró que Ricci ya fue judicializado, luego de una diligencia de allanamiento en la residencia de este hombre, donde ocurrieron los hechos.
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Además, confirmó que durante este procedimiento el hombre fue capturado en flagrancia tras el crimen de Luz Mery. Allí se dio inicio a un acopio importante de elementos materiales probatorios. "Se destaca un equipo de fiscales, e investigadores, analistas y criminalistas del CTI", informó.
“Se realiza todo el recaudo de los elementos materiales probatorios, una parte importante de ese recaudo, porque no ha concluido la investigación y es presentado ante el juez de control de garantías. En primer lugar, se adelanta la legalización de la orden de allanamiento y la materialización de esta diligencia; así como de la incautación de los elementos que se encontraron en el lugar de los hechos. Asimismo, se legaliza la captura de la persona que fue privada de la libertad en flagrancia”, indicó González.
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¿Qué le espera a Andrés Ricci en el juicio? Expertos analizan su situación
En 90 Minutos hablamos con abogados penalistas para que analizaran, desde el punto de vista jurídico, lo que puede pasar con el proceso del ya judicializado empresario Andrés Ricci, tras el feminicidio de Luz Mery Tristán.
De acuerdo con el abogado penalista Eduardo Murillo, el delito de feminicidio agravado se determinó porque, tanto víctima como victimario, eran pareja, pues “las circunstancias de agravación penal se determinan teniendo en cuenta si son cónyuges o compañeros sentimentales, si tiene algún tipo de vínculo; pero lo más importante de esta figura, penal; que fue incluida en el código penal en el 2015, es el tema del ataque o la violencia que existe en contra de las mujeres por su género. Esa es la circunstancia que agrava esta situación”.
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Ahora, a la Fiscalía, le corresponde decidir si pide la máxima pena para el sindicado, que sería de 50 años de cárcel y, aunque en el código penal existen los llamados preacuerdos que podrían significar descuentos de hasta el 50% de la pena; este delito no acredita estas rebajas.
Por su parte, el abogado penalista Élmer Montaña manifiesta que “por expreso mandato de la ley, el delito de feminicidio no tiene rebajas de penas”. Así pues, “no tiene ningún sentido realizar un preacuerdo; porque los mismos se llevan a cabo con el propósito de obtener rebajas de penas y beneficios que están prohibidos en estos casos”.
Sin embargo, en lo que sí puede haber un preacuerdo es en relación con el delito de porte ilegal de armas de fuego.
Mientras tanto, la defensa del sindicado ha insistido en que, si la Fiscalía pide la máxima pena de 50 años para su defendido, el proceso iría hasta la etapa de juicio.
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