En las últimas horas la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió la extradición de alias Otoniel, hasta que se tome una decisión frente a la acción de tutela interpuesta por las víctimas del procesado.
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"Es importante que se emita la medida cautelar"
Ante esta decisión, César Palomino Cortés, magistrado ponente, indicó que aunque ya se habían adelantado los trámites correspondientes a la extradición, es importante que se emita la medida cautelar para suspender dicha extradición. Igualmente, solicitó a la Corte Suprema de Justicia los documentos propios de la extradición, al igual que facultar al Inpec para comunicar la suspensión de Otoniel.
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Por su parte, el Consejo de Estado ordenó poner en conocimiento de la Presidencia de la República, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho; La sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación (Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales); “la admisión de la presente demanda de tutela, haciéndoles llegar copia de la misma; con el fin que rindan el informe señalado en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991; para lo cual se les otorga el término de dos días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación”.
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De igual forma, el alto tribunal tomó esta determinación luego de que se pidiera que se evidenciara de manera clara; directa y precisa “la amenaza o vulneración del derecho fundamental que demanda protección”; y se demostrara que es “necesaria y urgente la medida provisional, debido al alto grado de afectación existente o de inminente ocurrencia de un daño mayor sobre los derechos presuntamente quebrantados”.
También, ordenó que se vinculara al tribunal para la paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, a para hacerles llegar “la copia del escrito de tutela, para que hagan las manifestaciones que consideren pertinentes; para lo cual se le otorga un término de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación”.
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Accionantes de la tutela
La acción de tutela fue interpuesta por Bernardo Vivas Mosquera y Ana del Carmen Martínez, de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, CAVIDA; Maria Ena Castaño Flórez y Uribel Tuberquia, de la Comunidad de las Camelias; Dagoberto Pretel del Consejo Comunitario Cabeceras; Guillermo Peña de la Comunidad de Pichima, Quebrada del Litoral San Juan.
Igualmente, por Jaime Maheche de ASOAIBA; Dobaybi Sinigui Bailarin del Cabildo Mayor de Murindo; Digna Aurora Castaño de la Comunidad de la Larga Tumarado, Carlos Quiro Castaño Sierra de la Comunidad Jiguamiando; Silvia Berrocal de Comupaz y Manuel Rivas Torres de la Zona Humanitaria de Camelias.
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Por último, los accionantes consideración, por medio de la acción de tutela, que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, por lo que el Gobierno Nacional; la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Cancillería y el Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales, deberán tomar medidas a “sancionar, investigar, recurso judicial efectivo, la imposición de penas, verdad, justicia y reparación”.
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